LAS RAZON DE SER DE LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA
Ignacio Marván Laborde.
28 de agosto de 2006.
A Don Melchor Ocampo, quién en plena polarización jamás se confundió, pues tenía claro que en los momentos de cambio “los moderados son sólo conservadores más despiertos”.
La realización de la Convención Nacional Democrática en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 16 de septiembre, tiene por objeto inmediato organizarnos para resistir pacíficamente al inminente gobierno de la usurpación y adoptar un programa mínimo para combatirlo con eficacia.
Aunque nuestros detractores se nieguen a aceptarlo, la Convención Nacional Democrática tiene fundamentos sólidos. Es la respuesta legítima a la violencia, a los delitos electorales y al fraude cometidos en la elección presidencial. Por ello, dado que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad establecidos en la fracción III del Artículo 41 Constitucional, han sido violados de manera sistemática e impune en esa elección, carecen de autoridad y no tienen razón quienes para preservar el “Estado de Derecho” – sic-, y por “lealtad a la democracia” – de nuevo sic-, pretendan exigirnos que reconozcamos el resultado oficial de la elección presidencial.
El fraude es un hecho, aunque muchos pretendan ocultarlo. La biopsia practicada a la elección presidencial en ciento cuarenta y nueve de los trescientos distritos electorales, mediante la diligencia judicial celebrada del 9 al 13 de agosto pasados, demostró que dicha elección sí tenía cáncer. Pues, como es de dominio público y consta en las actas circunstanciadas de quienes dirigieron esta diligencia, al abrir los paquetes electorales lo que se encontró fueron boletas de menos, votos de más y violación de paquetes y sobres, todo lo cual está tipificado como delito, pues se trató de actos cometidos con el fin de alterar el resultado de una elección para favorecer fraudulentamente a Felipe Calderón.
Con estos resultados de la diligencia, si lo que se quería era dar certidumbre a la elección presidencial era imperativo atender la demanda de contar voto por voto pero, simplemente, fue ignorada. Al día de hoy, todo parece indicar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver las inconformidades se acobardó ante el embate de los intereses y, en lugar de ir al fondo del asunto para hacer valer la voluntad popular, también involucionó y recurrió a la práctica típica de la manera priísta de administrar justicia, la de refugiarse en las formas para evadir la responsabilidad de hacer justicia.
En estas circunstancias, de lo que se trata la Convención Nacional Democrática es de que ciudadanos libres, en ejercicio de nuestros derechos, a la vez que nos opongamos a un presidente impuesto por medio del fraude, impulsemos, más allá de las instituciones que hoy están seriamente en entre dicho, la construcción de una verdadera república fundada en cinco pilares fundamentales: el combate a la pobreza y la superación de la desigualdad social y regional que hoy impera; la defensa y aprovechamiento racional y soberano del patrimonio nacional; hacer valer el derecho a que los medios masivos cumplan con la responsabilidad de presentar información veraz y objetiva, lo cual es indispensable para el funcionamiento de la democracia; la erradicación de la corrupción y del régimen de privilegios y tráfico de influencias que predomina en nuestro país; y la formación de instituciones políticas que se apeguen al cumplimiento de estos principios.
El reto es confrontar y dejar atrás la república simulada. Ubiquémonos en la historia real de nuestras instituciones políticas. Juárez y los liberales al vencer a los conservadores y al imperio nos dieron escasos diez años de vida republicana. Díaz instauró una república simulada. La revolución Mexicana luchó contra ello e intento fundar una nueva república basada en los derechos sociales; pero salvo la administración del General Lázaro Cárdenas en la que sí se hizo justicia, en las instituciones predominó la simulación, la protección de los privilegios de unos cuantos, y cobijaron el imperio de la monstruosa concentración del ingreso y el crecimiento de la desigualdad de los mexicanos. Después de la reforma electoral de 1996, muchos mexicanos de buena fe creímos que aunque se siguiera soslayando el problema de la desigualdad, al menos ya íbamos en el camino de construir una democracia electoral. Se cosecharon algunos frutos importantes: la activación de la división de poderes y del federalismo; la pluralidad en las elecciones locales y la alternancia, aunque fuera sin cambio, en el 2000. Sin embargo, en la elección presidencial del 2006 el partido de la derecha, en contubernio con el presidente de la República, las autoridades electorales y un núcleo de privilegiados demostraron que no están dispuestos aceptar una alternancia verdadera y prefirieron, antes que entregar la presidencia, descarrilar el proceso democrático.
Crisis es aquél momento en que un paciente se agrava o mejora. Si queremos resolver la profunda crisis política en la que estamos inmersos, lo primero es entender que representa la oportunidad histórica de abrir el paso a un nuevo régimen, es decir de resolver el pendiente que ha sido eternamente pospuesto en la prolongada transición democrática de México. Solo que también hay que entender, aunque esto no satisfaga a nuestros adversarios y a sus corifeos, que los cambios de régimen no se dan en salón y mucho menos son factibles cuando los movimientos por la democracia y la justicia aflojan, sino que más bien se pueden concretar cuando se aprieta. Para aprovechar esta oportunidad, el punto es tener claros los principios fundacionales del nuevo régimen y saber cómo, cuándo y dónde apretar. Cabe señalar que si bien la crisis abre la oportunidad histórica del cambio de régimen, es importante también advertir que en la historia de la humanidad la usurpación del poder siempre ha sido un signo inequívoco de decadencia y ha generado graves consecuencias jurídicas, políticas y morales.
Para concluir, quiero enfatizar que una de las ventajas de este movimiento es contar con numerosos e importantes cargos de representación popular legítimamente ganados y, a la vez constituir un amplio movimiento social, con liderazgo firme, dispuesto a luchar en contra de los privilegios y a favor del cambio. Los gobernadores, diputados, senadores, miembros de los ayuntamientos y dirigentes de partido que sean afines al objetivo de construir una nueva República estarán sujetos a las restricciones que el cargo les impone, pero también deberán aprovechar la ventaja que da interactuar con un gobierno de facto que carece de legitimidad. Mientras que, quienes estamos libres de responsabilidades oficiales nos abocaremos a fortalecer el movimiento para impulsar pacíficamente el cambio de régimen y constituirnos a la vez en un contrapeso adicional al inminente gobierno de la usurpación.
La gran Raramuri, Gisela, especialista en derechos humanos indigenas, ha logrado cultivar una relación de mas de 20 años.
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